Si bien puede sonar optimista que algunos informes sobre Inclusión Financiera sugieran que 9 de cada 10 personas adultas en Argentina tienen al menos una cuenta bancaria, otros estudios revelan que el país tiene el menor grado de bancarización en la región. Un reciente relevamiento de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) indica que Argentina posee el menor volumen de préstamos y depósitos bancarios en relación a su PBI. Los préstamos bancarios representan solo el 10% del PBI, mientras que el promedio de la región es del 50%.
ADEBA destaca dos factores principales que explican este bajo nivel de bancarización en los últimos 20 años: la inestabilidad del valor del peso y la alta carga impositiva sobre los usuarios de servicios bancarios. La entidad señala que las empresas y personas que utilizan el sistema financiero en Argentina están sujetas a una excesiva carga impositiva nacional, provincial y municipal, que no tiene comparación con otros países de la región. Todos estos impuestos y cargas encarecen las operaciones de crédito y pago que realizan los usuarios bancarios.
Solo en 2021, los usuarios del sistema financiero en Argentina pagaron $750.000 millones en concepto de Impuestos sobre Créditos y Débitos bancarios (ICD), lo que es más que lo recaudado por derechos de importación, tasas estadísticas e impuestos a los combustibles. Un estudio encargado por ADEBA a la Fundación Mediterránea revela que, en promedio, los impuestos representan el 44% de lo que se paga al tomar un préstamo, mientras que la tasa de interés sin impuestos representa el 56% restante. Esto significa que la toma de préstamos para producción y consumo está penalizada y desalentada por la alta carga tributaria del gobierno nacional, provincial y municipal.
Es importante analizar la manera de reducir la carga impositiva que el gobierno le impone a las empresas y personas que toman créditos y utilizan servicios financieros. Los niveles actuales de impuestos no son compatibles con un mercado de crédito bancario sólido y con inclusión financiera amplia. Para cambiar esta situación, es necesario definir cuál es la exacción impositiva total sobre la economía que es compatible con un crecimiento inclusivo y empleo de calidad, y a partir de allí, el gobierno debe definir su política impositiva y asignar las prioridades del gasto público.
